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TUMACO, MAS ALLÁ DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Columnas sobre la territorialidad en Tumaco publicadas en Diario del Sur y en el libro Pensamiento Sur Eco 21

TUMACO, MAS ALLÁ DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL.

TUMACO, MAS ALLÁ DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL. Columnas sobre la territorialidad en Tumaco publicadas en Diario del Sur y en el libro Pensamiento Sur Eco 21.

Nariño y Tumaco necesitan de una inversión social y una presencia integral del Estado.

Pasto, Nariño, 0ctubre 20 de 2017. A la sociedad Nariñense: Ante la actual crisis humanitaria que vive nuestro departamento, ante los hechos acaecidos en las zonas de Alto Mira y Frontera Tumaco, de la vía al mar entre Ricaurte y Tumaco, del Rio Mataje en el Charco y de la Cordillera en los municipio de Cumbitara, Policarpa y el Rosario, la sociedad Nariñense requiere de la unidad propositiva y de la acción interinstitucional, gremial y civilista que ha caracterizado nuestra historia.

Ante la violencia y barbarie que ha segado las vidas de nuestros campesinos, indígenas, afrodescendientes y de excombatientes, debemos acudir a la inteligencia colectiva, pacífica y creatividad de la que somos portadores como nariñenses. Hemos salido airosos de épocas complejas y difíciles en otros tiempos y esta no será la excepción, hoy con mayor razón, porque está de por medio el éxito o el fracaso de un proceso de paz y de unos acuerdos que Nariño apoyó en el plebiscito y del cual hemos recibido ya beneficios como la recuperación en el 2015 y 2016 de
altos niveles de tranquilidad, pero lastimosamente hoy empañados por los hechos trágicos conocidos en este último mes.

En este contexto, nos convocamos como sociedad sin distingo de raza, credo ni ideología, como fuerzas vivas del departamento y le proponemos al Consejo de Ministros que se celebrará el día de 21 octubre de 2017 en Tumaco, las siguientes peticiones enmarcadas en una propuesta que hemos nombrado “Nariño y Tumaco necesitan de una inversión social y una presencia integral del Estado”.

Como acción colectiva de la sociedad nariñense proponemos la realización de un CABILDO ABIERTO POR LA PAZ o una CUMBRE POR LA VIDA en el municipio de Tumaco para finales de octubre, en la idea de construir confianzas y aportar a la implementación de los acuerdos de la Habana. Las instituciones, organizaciones y ciudadanos que firmamos esta propuesta expresamos la fuerza de la unidad propositiva y diversa que somos ante la actual complejidad que vivimos.

Al Sr. Presidente Juan Manuel Santos, A los Señores Ministros. Solicitamos que este Consejo de Ministros recoja la aspiración de la sociedad nariñense de no desistir en la construcción de la paz territorial con justicia y equidad, enmarcada en la propuesta siguiente:

1. SUSPENDER LA ERRADICACIÓN FORZOSA que permita reiniciar la concertación sobre sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con los Consejos Comunitarios, las organizaciones campesinas e indígenas.

2. Adoptar las recomendaciones hechas por la Procuraduría Nacional que entre otras afirmaciones dice que “El genocidio de los nuevos líderes sociales del país no se puede permitir”, exhortó a cumplir la Directiva 002 de protección de los derechos de los defensores de derechos humanos y llamó a una coordinación y articulación de todas las instancias del Estado para garantizar la protección de estos líderes activando LA COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD y la UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN

3. Formular y ejecutar a través de una coordinación interinstitucional nación territorio un PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, gerenciada de manera colegiada entre los entes territoriales, con veeduría de las comunidades afectadas con énfasis en salud, educación, vías terciarias y productividad.

4. Proteger la vida y los derechos de las comunidades, líderes y lideresas sociales y comunitarias, pero también de los excombatientes que hoy, agrupados en el Espacio Territorial de Convivencia y Reincorporación ETCR, han dado muestra fehaciente de su cumplimiento con los acuerdos.

5. Agilizar los procesos DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA, en especial los pertinentes al punto 1 y 4 de Reforma Rural Integral y de Cultivos Ilícitos.

6. Formular y agilizar Un PLAN COLECTIVO DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS en el caso de las masacres y al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.

Los abajo firmantes ponemos todas nuestra capacidad para apoyar y aportar en el desarrollo de estas líneas propuestas. Por la paz de Nariño, esperamos contar con su respaldo.

Pedro Vicente Obando. Alcalde de Pasto.
Carlos Solarte Portilla. Rector electo Universidad de Nariño
Oscar Parra. Gerente de Empopasto
Álvaro Obando. Gerente de la Agencia de desarrollo Local de Nariño
Harold Ruiz Moreno. Asesor de paz y coordinador de sustitución de la Gobernación.
Camilo Ernesto Quispe Gobernador del Resguardo Quillacinga Refugio del Sol. Encano Pasto
Nelson Leitón Portilla Secretario de Desarrollo económico de Pasto
Zabier Hernández Buelvas Comisionado de Paz de Pasto
Parmenio Cuellar Ex senador de la Republica
José Amilcar Pantoja Fundación Centro colombiano de educación integral CENCEIN. Ipiales
Luis Armando Aux Ayala. Presidente Simana
Hugo Medina Chavez Docente universidad Cooperativa de Colombia. Nariño
Martha Lucia Ceballos. Fundación Reconstruyendo Memoria
Diego Angulo Marinez Colectivo Social del Pacífico
Jaime Rodríguez Ex secretario de Gobierno de Nariño
Ivonne Quiñonez Chaves. Asesora comunitaria para la Defensa de los Derechos Humanos. Tumaco
Eybar Insuasty Alvarado Colectivo Sentido Sur
Mariela Guerrero Vélez Fundación Qilqay.
Carlos Alberto Maigual. Dirigente Político
Ramiro Egas. Periodista y Defensor de DH
Fabio Trujillo Benavides. Miembro Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño. SAGAN
Milton Portilla. Subdir. Obra Social el Carmen. Fundación Tierra que anda Hombres que Cantan
Mario Vallejo Meneses. Docente Universitario.
Dora Ligia Vargas Portilla. Defensora de DH. Tumaco
Nelson Pares Peña Sindicato de Defensoras y Defensores de DH Defensoría del Pueblo SINDHEP.
Wilson Sánchez. Defensor de la vida y la Naturaleza.
Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto.
Mujeres Nariñense por la paz
Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS.
Colectivo Paz con mirada de mujer. Nariño
Minga nariñenses por la Paz.
Asociación Mujeres y Paz “ASMUPAZ” Nariño
Fundación Social Dignidad. Tumaco
Corporación ÁGORA Club. Organización de Derechos Humanos
CARACOLAS DE PAZ.
Asociación Desarrollo Integral Para Victimas Regional Nariño (ADIV)
“Movimiento Unido de Víctimas” Nariño
Organización de mujeres trabajando por tu futuro. Nariño
Corporación Nuevo Arco Iris. Nariño.
Fundación Bitácora Ciudadana Nariño
Fundación para la Paz en el sur de Colombia
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
IMP Regional Pacifico
Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ
Asociación de Estudiantes de Secundaria. ANDES Nariño
Jairo Rosero Presidente del PDA Nariño
Francisco Bravo. Docente pensionado. Vamos por los Derechos
Juan Fernando López. PDA Túquerres.
Rosalba Oviedo. Docente expresidente de Simana
Henry Santacruz. Miembro Junta Directiva CUT Nariño
Katherine Casanova. Lideresa Estudiantil ESAP Nariño.
Aura María Puyana. Socióloga.
Alejandra Torres COCCAM Nariño
Gerson Enríquez ASI Nariño
Hermes Antonio Ñañez. Independiente
Movimiento político Poder ciudadano Nariño
Partido Comunista Colombiano. Zonal Nariño
Unión Patriótica. Nariño
Polo Democrático Alternativo Comité Ejecutivo Municipal de Pasto.
Colectivo Vamos por los Derechos. PDA. Nariño
Juventud Comunista Colombiana Nariño
Colectivo Jaime Pardo Leal. UP-Nariño.
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEP.
Movimiento campesino 19 de agosto.
Comité de Derechos Humanos de la Montaña. Samaniego.
Conciencia libertaria. Congreso de los Pueblos
Avanzada Progresista. Nariño
Coordinador Nacional Agrario Nariño.

TUMACO: LA HISTORIA CONOCIDA

Junio 30 de 2015. Hoy una vez más, se habla en todos los medios de comunicación de la Costa Pacífica. Los graves hechos de perturbación del orden público y afectación ambiental, siguen siendo los titulares de prensa, en medio de la egolatría de las partes que negocian la paz en una mesa centrípeta, la misma que no permite el cese de todos los fuegos. El conflicto integral de la Costa no nace ahora con el derrame de petróleo que mata los ecosistemas y pone en peligro la vida de miles de habitantes que no tienen acceso al agua potable, no emerge de un cruel atentado que todos debemos condenar. El conflicto obedece a un problema estructural e histórico de exclusión y pobreza.

La historia de la costa que ha sido contada a través del dolor, es una historia conocida. Desde aquellas épocas en la que la prestación de los servicios públicos eran una abominación y su respuesta fue el “Tumacazo”, o cuando la naturaleza atacó con el Tsunami y los pueblos renacieron de su catástrofe, o cuando la corrupción arrasó con el patrimonio público y en reacción emergieron procesos sociopolíticos limpios, o cuando la guerra por el control de narcóticos desembocó en los más altos niveles de criminalidad nacional y brotaron soluciones a través de los activos locales de paz.

La historia conocida de Tumaco nos dice que son tan letales los atentados de la guerrilla, como la corrupción en todas sus formas y el tráfico de narcóticos. En los análisis de conflictividad que se hacen en el territorio, al tomar los datos del número de eventos de confrontación armada (atentados, hostigamientos, actos terroristas, combates) en los años 1985-2014, encontramos que el municipio que presenta mayor intensidad del conflicto es Tumaco con 1.993 eventos, territorio caracterizado como zona de retaguardia estratégica de grupos armados no estatales, pero a la vez municipio con altos niveles de pobreza, injusticia y desigualdad.

Pero también Tumaco ocupa el deshonroso primer lugar en Nariño en número de homicidios la mayoría asociados al conflicto armado con 8.881 en el periodo 1985 a 2014,  en el mismo periodo ocupa los primeros lugares en personas desplazadas (107.713), casos de secuestros (139), numero de desapariciones (1.137), denuncias de tortura (34), eventos de violencia sexual la mayoría contra mujeres y menores de edad (108), personas amenazadas por reivindicación de derechos y actividades políticas o sociales (3.014). Todo esto combinado al alto nivel de pobreza, que según el departamento nacional de planeación Tumaco tiene un índice de pobreza multidimensional del 0,8450 y con el primer lugar nacional en producción de coca con más de 6 mil hectáreas.

Sin embargo de las estadísticas de dolor, es preciso repasar las soluciones que desde años atrás existen en el territorio, en manos de afrocolombianos, indígenas, mulatos, mestizos, hombres y mujeres, que habitan en estos maravillosos lugares, protegidos en sus consejos comunitarios, resguardos indígenas, organizaciones sociales; salvaguardados por sus grandes espíritus de los ríos, el mar, sus verdes manglares y frondosos bosques, quienes en conjunto construyen paz y exigen paz estable y duradera.

NAUFRAGIOS Y NEGOCIACIÓN EN MAR PICADO

Noviembre 8 de 2016. El estado de náufrago es de desesperanza y pérdida. En el momento que se toma la lancha, prenden motores e inicia la bitácora de viaje, nunca se piensa que se puede zozobrar, sino en el momento más rápido en que se llega al puerto o tierra seca. Hace algunos días, como sucede siempre en la costa pacífica de Nariño, una lancha que se dirigía desde el municipio del Charco hasta el puerto de Tumaco se accidentó en alta mar y sus ocupantes naufragaron cerca al sitio conocido como San Juan, producto de un mar con olas embravecidas por el cambio de clima y mareas. Al cabo de algunas horas y luego de perder todas las pertenencias, los náufragos en desaliento fueron rescatados por una embarcación que pasaba por la misma ruta.

Las mesas de paz de La Habana y Quito están a mitad de alta mar, con fuertes olas en su contra. Es el mar picado. Los procesos de paz necesitan del apoyo de todoas (todos y todas) para que no se hundan en aguas de violencia y guerra. Más aun cuando los promotores del No a la paz y No al plebiscito, como Alejandro Ordoñez, Álvaro Uribe, Martha Lucia Ramírez y otros, han perdido protagonismo por los sucesivos escándalos de corrupción como el caso del ex procurador que abusó de los recursos del Estado a través de un esquema de seguridad de elevado costo, además de su sistemática persecución política a sus contradictores ideológicos locales y nacionales. Seguro se creará una asociación de víctimas de los abusos cometidos por Alejandro Ordoñez.

Los salvavidas a las mesas de negociación con las insurgencias están en manos del Presidente Juan Manuel Santos y de la sociedad civil. Es potestad del primer mandatario, avanzar con su congreso de la Republica, hacia las medidas excepcionales para implementar el acuerdo de La Habana. Si hubo siempre estados de excepción para agudizar la guerra, como no hacerlo para pactar el fin del conflicto armado colombiano. Por otra parte la sociedad civil en la negociación de los acuerdos de Quito debe protagonizar un nuevo proceso, donde realmente la gente tenga la palabra.

Uno de los aspectos por los que el No ganó en las urnas, fue que la negociación con las FARC fue distante y ausente de la comunidad. Eso se debe corregir en la negociación con el ELN, donde las organizaciones y movimientos sociales puedan ser realmente protagónicos; no se puede seguir pensando en que las guerrillas deban hablar por la sociedad civil. La gente debe tener su propia vocería y propuestas.

Aquí es de vital importancia el papel que pueda desempeñar la mesa social por la paz de Colombia y en la frontera sur lo que pueda hacer la Minga por la Paz de Nariño. Es significativo que la gente tenga su propio canal de expresión frente a la otra paz, la misma que debe expresarse en voz alta al gobierno e insurgencias, aquella paz en la que debe prevalecer la solución de los principales problemas económicos, sociales, de exclusión, de una comunidad que históricamente ha sido abandonada por el Estado en su conjunto.

 

SUSTITUIR LAS HECTÁREAS DE COCA

Agosto 18 de 2016. La producción de coca en Colombia se incrementó a 159 mil hectáreas sembradas en el año 2015, un récord histórico en los últimos quince años. Todo lo hecho en Colombia, incluido el programa “si se puede” en Nariño, han sido insuficientes en lo referente al combate contra las drogas y cultivos de uso ilícito. Según la Oficina contra la droga y el delito de la Organización de la ONU, el precio de cocaína aumenta por las distancias del mercado de consumo. En 2013 -2014 un kilogramo de cocaína en Colombia se vendía en 2.269 dólares; ese mismo kilo se vendía en Centroamérica entre 2.800 a 10.000 dólares (23% y 341% del precio de venta en Colombia). En México ese mismo kilo puede venderse a 15.000 y 17.000 dólares (561% y 649%) mientras que en Europa el precio aumenta entre 54.000 y 57.000 dólares (2.280% y 2.412%).

Los informes expresan que Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, representan el 73% de la producción nacional; Nariño representa la mayor producción nacional desde el año 2007, con un 25% a 30% sobre el total nacional. Según naciones unidas, Nariño tiene para 2014 cerca de 17.200 hectáreas sembradas de coca, en las que Tumaco siempre evidencia la siembra promedio de 8.900 hectáreas. Según Estado Unidos, la producción de cocaína en Colombia se disparó en un 68 por ciento en solo un año: de 250 toneladas métricas en el 2014 a las 420 toneladas métricas del 2015. Con estas cifras, que no pueden desligarse de los posacuerdos, se debe expresar que un primer programa a priorizar en los diferentes planes de desarrollo del territorio, debe ser el tratamiento al problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico.

Mucho se ha hablado de la relación entre grupos armados y presencia de cultivos de uso ilícito en las regiones más olvidadas y excluidas del país, especialmente donde la existencia de condiciones de pobreza muldimensional rompe todas las estadísticas de vida digna para el ser humano. Por ello, para las comunidades que históricamente han sido productoras de hoja de coca y de pasta de cocaína en laboratorios artesanales, el cultivo representa, además de su propia perdición en el espiral negativo, el único espacio económico de supervivencia en un mundo competitivo donde las condiciones de vida digna son premio al más fuerte.

Hace dos años, en mayo de 2014, el gobierno y las FARC-EP acordaron el cuarto punto de la Agenda “Solución al problema de las drogas ilícitas”, pactando: Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, realización de Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución – evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos; implementación de Programas de prevención del consumo – salud pública y finalmente alternativas de solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Un sí a la paz en el plebiscito, es también el inicio de un programa concertado de sustitución de las 159 mil hectáreas de coca, por productos y servicios para la vida y la reconciliación de Colombia.

 

¿DESARROLLO O BUEN VIVIR?

Mayo 3 de 2016. Se han presentado los planes de desarrollo ante la Asamblea Departamental y los Concejos Municipales. Inicia una etapa de negociación política entre los gobiernos territoriales y los legislativos locales, en procura de acordar los espacios de bienestar para los próximos cuatro años. Esta etapa esta signada por posicionar discursos y apuestas, las cuales serán la marca de los gobiernos y los lideres-lideresas del espacio político. Por otra parte la coyuntura de los posacuerdos es propicia para articular retos extraordinarios, que permitan sacar adelante los territorios.

Es así que en Nariño hay prospectivas de lo que pueda pasar hacia el futuro. Por ejemplo el escenario apuesta para la praxis de la convivencia en los próximos veinte años, es visionar al departamento de Nariño en ejercicio de paz estable y duradera, implementando un programa estructurante de sistemas de producción basados en el buen vivir, que sea promovido por una gobernanza regional basada en la democracia participativa con óptimo desempeño gubernamental y la oferta de una educación pertinente y de calidad para la convivencia.

Sin embargo como alternativa al desarrollo, el Buen Vivir tiene su contraparte en la concepción de desarrollo. Ejemplo es la concepción de desarrollo rural desde una perspectiva integral y territorial, que se parece mucho al contenido del Suma Kawsay, el que tiene como fin último la prosperidad de las familias rurales-urbanas; entendida como vida digna, progreso, bienestar o calidad de vida cubra a la mayor parte de la población. De igual manera busca como objetivos que haya menos pobreza, más equidad en la distribución del ingreso. También busca el equilibrio hombre-naturaleza a través de un manejo sostenible del ambiente, a que primen la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Aquí se podría decir que no hay diferencias.

Un escenario así visionado, por ejemplo en el plan estratégico de paz de Nariño, debe integrarse con un programa de mejoramiento, optimización o construcción de infraestructura para la paz. En esa línea de pensamiento no se puede seguir planificando un territorio que no tiene aeropuertos para la conectividad, ni vías adecuadas para los nuevos retos de intercambio, ni puerto marítimo que se conecte real y efectivamente al mundo. Existen gran cantidad de proyectos vitales aun empolvados en anaqueles y sueños de comunidades, entre ellos: hidroeléctricas, puerto pesquero de Tumaco, geotermia, refinería, aeropuerto internacional de Ipiales, doble calzada Rumichaca – Chachagui, centrales de abastos, reactivación de plantas productivas, solo para enumerar algunos. Aquí ya se comienza a diferenciar lo que significa desarrollo para la acumulación y la competitividad sistémica o simplemente Buen Vivir para vivir bueno.

En la concepción del desarrollo capitalista la prioridad es la alta inversión en infraestructura física y productiva como la apuesta fundamental para lograr mayores niveles de productividad y competitividad. Por su parte la inversión en el Buen Vivir tiene como objetivo la mejor vida. De allí que Buen Vivir es compatible con la paz estable y duradera, mientras que la concepción del desarrollo desde la acumulación y la eficacia del dinero, puede conllevar a la depredación, contaminación, distribución desigual del ingreso y pobreza muldimensional. ¿Desarrollo o Buen Vivir?

 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA LA PAZ

Agosto 31 de 2015. El escenario apuesta para la praxis de la convivencia en los próximos veinte años, es visionar al departamento de Nariño en ejercicio de paz estable y duradera, implementando un programa estructurante de desarrollo rural integral, que sea promovido por una gobernanza regional basada en la democracia participativa con óptimo desempeño gubernamental y la oferta de una educación pertinente y de calidad para la convivencia. Así lo plantea el plan estratégico de paz de Nariño 2015-2034.
La concepción de desarrollo rural desde una perspectiva integral y territorial tiene como fin último la prosperidad de las familias rurales; entendida como vida digna, buen vivir, progreso, bienestar o calidad de vida cubra a la mayor parte de la población. De igual manera busca como objetivos que haya menos pobreza, más equidad en la distribución del ingreso, más competitividad productiva o solidaridad agroalimentaria. También busca el equilibrio hombre-naturaleza a través de un manejo sostenible del ambiente, a que primen la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.
El escenario así visionado, debe integrarse con un programa de mejoramiento, optimización o construcción de infraestructura de bienestar y desarrollo para la paz. No se puede seguir planificando un territorio que no tiene aeropuertos para la competitividad, ni vías adecuadas para los nuevos retos comerciales, ni puerto marítimo que se conecte real y efectivamente al mundo. Existen gran cantidad de proyectos vitales aun empolvados en anaqueles y sueños de comunidades, entre ellos: hidroeléctricas, puerto pesquero de Tumaco, geotermia, refinería, aeropuerto internacional de Ipiales, doble calzada Rumichaca – Chachagui, centrales de abastos, reactivación de plantas productivas, solo para enumerar algunos.
En ese sentido la prioridad debe ser la alta inversión en infraestructura física y productiva como la apuesta fundamental para lograr mayores niveles de productividad, solidaridad y competitividad. No es posible un mejor futuro sin vías terciarias que conecten mercados, acueductos con agua potable, alcantarillados urbanos y rurales, escuelas suficientemente dotadas, hospitales o centros de salud dotados con suficiente personal, optimo equipamiento municipal y mayor énfasis a la infraestructura productiva para el empleo sostenible.
El plan estratégico de paz estimo que en Nariño se deberán recibir una inyección de recursos equivalente al 10% de los costos nacionales probables del posconflicto, es decir 25 billones de pesos para los próximos 20 años, dineros corrientes del año 2015. Del monto total se estima que para los primeros 4 años de ejecución del Plan se requerirán el 30% del total de los recursos estimados. Para los siguientes 4 años se requerirán el equivalente al 27%, para los años 2023 al 2026 se requerirá el 19%, para los cuatrienios 2027-2030 y 2031-2034 se requerirán el 12% para cada uno de los mismos.
De los estimados del presupuesto, merece destacarse la importancia que tienen temas estratégicos como Desarrollo Rural Integral para el pos-conflicto, el cual será fundamental para lograr sustituir los cultivos ilícitos y la minería ilegal que son considerados, como “combustible del conflicto”, en tal sentido el plan estratégico de paz estimó que debe asignarse a este tema estratégico el 20% del total de los recursos requeridos. La paz comienza en el campo.

 

LICITO SI SE PUEDE

Julio 28 de 2015. Es una de las más importantes estrategias del plan de paz del departamento de Nariño para los próximos 20 años. El escenario reto para los próximos cinco años, en perspectiva de los posibles posacuerdos de paz, es el de implementar un programa de desarrollo rural integral sumado a un programa de producción alternativa sostenible, que bien podría llamarse “licito si se puede”. El problema de fondo del país está en la resolución del grave problema de producción de coca y tráfico de cocaína, que para el año 2014 creció en 44% el área sembrada y en 52% la producción del alcaloide.

Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, 61 mil 700 familias están directamente involucradas en el cultivo de coca en Colombia; es decir, aproximadamente 250.000 personas de las zonas rurales son parcial o totalmente dependientes económicamente. El 76% de toda la producción de coca en Colombia se encuentra en los 125 municipios priorizados por la ONU para el posconflicto. El 42% de las áreas sembradas de todo el país está concentrada en 10 municipios, entre ellos Tumaco que concentra el 13% del área, seguido de Puerto Asís – Bajo Putumayo y el Tambo – Argelia Cauca.

En este polígono territorial, el departamento de Nariño ha sufrido en los últimos años del impacto negativo de la economía ilícita, la misma que menosprecia la idea de obtener beneficios económicos de manera legal, no es lógico para un campesino sembrar hortalizas, frutas, café, caña, cacao o cualquier otro cultivo de vocación histórica, con bajos niveles de rentabilidad y altos costos de producción, que sembrar coca y obtener dinero de manera rápida. El número de hectáreas sembrada de coca en el año 2013 en los 30 municipios priorizados por el plan estratégico de paz, asciende a 13 mil 175 hectáreas sembradas. En los resultados expuestos por la Gobernación, en comparación con la línea base departamental se desea disminuir este número en un 60% en el año 2018.

De allí que uno de los más grandes retos para el próximo gobernador de Nariño es su gestión integral para dar alternativas de solución al problema tan complejo. Lícito si se puede es una opción que se concentra en lo rural, porque el territorio sigue teniendo al sector primario como el principal. Es desarrollo integral porque no solo se trata de generar productividad y competitividad de lo agrícola y pecuario, sino también de propulsar las condiciones de infraestructura productiva, vías, saltaderos, distritos de riego, maquinaria y equipo, educación y salud, capacitación, investigación, consolidación del mercadeo, acceso a tierras y acceso a capital de trabajo. Es producción alternativa porque se pretende sustituir con cultivos lícitos que sean rentables, sostenibles y que puedan generar empleo productivo.

Igualmente no basta implementar una propuesta de desarrollo rural integral en respuesta al ilegal clúster de la coca. El reto es aún mayor, tiene que ver con la transformación cultural que deja la economía ilícita y saltar cualitativamente con todas las complejidades a una economía licita, además de exitosa en lo financiero, en lo comercial y protectora de lo ambiental.

 

NARIÑO EN EL AÑO 2034

 

Abril 7 de 2015. Se puede mirar un departamento en mejores condiciones transcurridos veinte años desde hoy, luego de que en 2015 se pacte la paz entre el gobierno y las guerrillas.  Los ejercicios prospectivos son de suma importancia para los territorios en graves conflictos, porque permiten visionar un mejor futuro partiendo de las condiciones presentes, las cuales se transforman a positivo por el interés y esfuerzo de las fuerzas sociales, económicas y políticas del territorio.

En el territorio varios han sido los ejercicios prospectivos, entre ellos la visión Nariño 2030, los planes de vida prospectivos liderados por la fundación Suyusama, la visión Pasto 500 años de fundación, el plan regional de competitividad de Nariño 2010-2032 y ahora el plan estratégico de paz 2015-2034. La gran mayoría de estas visiones proponen un territorio sostenible integralmente, en paz, que ha aprovechado su ventaja geoestratégica y su potencial endógeno para insertarse en la economía nacional y mundial.

Sin embargo de que la visión colectiva hacia la década de los años treinta del siglo XXI ha sido varias veces prospectada, la carga de cincuenta años de guerra unida a la histórica exclusión de la periferia nariñense y el débil liderazgo de incidencia nacional, son motivos de desequilibrio estructural que se hace necesario actuar de inmediato para no perder la oportunidad de que en veinte años se pueda tener un mejor territorio.

Entre varias opciones de cómo salir de una situación caótica actual, donde el conflicto integral ha generado mayores brechas, es preciso que el territorio adopte o mejore una estructura organizativa pública – privada – comunitaria para que articule visiones, estrategias, proyectos fundamentales y pueda conducir las decisiones colectivas de los gobiernos regionales – locales, los gremios económicos, las universidades, las iglesias, los movimientos políticos y las organizaciones sociales.

En orden de prioridades el territorio debe resolver aspectos cruciales hacia los próximos veinte años, en primer lugar está la reducción de las brechas sociales departamentales en donde la educación, salud, deporte y vivienda digna se tornan fundamentales, por ejemplo hoy las subregiones de Pacifico Sur, Sanquianga, Telembí, Piedemonte, Abades, Guambuyaco y Cordillera, presentan estadísticas exageradamente por encima de las medias nacional y departamental. Municipios como Tumaco, El Charco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego, Los Andes, Policarpa deben formar un eje espacial de reconstrucción social y salto cualitativo de mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano.

En segunda prioridad debe estar la alta inversión en infraestructura como la apuesta fundamental para lograr niveles de productividad y competitividad. No es posible un mejor futuro sin vías pavimentadas y que conecten mercados, acueductos con agua potable, alcantarillados urbanos y rurales, escuelas suficientemente dotadas, hospitales y centros de salud dotados y con suficiente personal, optimo equipamiento municipal y mayor énfasis a la infraestructura productiva para el empleo sostenible.

Finalmente debe contemplarse la implementación de los proyectos estratégicos para la paz y el posconflicto, de tal manera que se impida de todas las forma posibles el retorno de la violencia política como forma de resolución de problemas socioeconómicos.

 

30 AÑOS DE GUERRA EN NARIÑO

Marzo 17 de 2015. La mayoría de análisis sobre el conflicto en Nariño, se remontan al año de 1985, época en donde comienzan a aparecer los grupos armados no estatales, especialmente en la cordillera occidental y el piedemonte costero. El Plan Estratégico de Paz de Nariño realiza un análisis de la conflictividad en los territorios en donde se han escenificado hechos victimizantes de la guerra. Al tomar los datos del diagnóstico estratégico y del indicador número de eventos de confrontación armada (atentados, hostigamientos, actos terroristas, combates) en los años 1985-2014, encontramos que los municipios que presentan mayor intensidad del conflicto son en orden de jerarquía Tumaco, Policarpa, El Charco, Ricaurte y Samaniego. Todas zonas de retaguardia estratégica de grupos armados no estatales y municipios con altos niveles de pobreza, injusticia y desigualdad..

Es relevante la cifra presentada en Policarpa que se constituye en un paso estratégico de los grupos armados ilegales, los que desde la cordillera occidental copan territorios hacia la costa pacífica, el rio Patía y la zona andina. Tumaco con una población doce veces más grande que Policarpa ocupa el primer lugar en eventos de confrontación armada, seguido del municipio del Charco, lo que configura los epicentros del conflicto en el litoral pacífico nariñense. En el piedemonte costero le sigue Ricaurte y en el centro occidente el municipio de Samaniego. Estos cinco municipios forman un polígono territorial de guerra con varios corredores estratégicos, en donde en los últimos 30 años se han escenificado la mayoría de operaciones bélicas de los actores armados.

El mayor registro de eventos armados, tiene una relación directa con el número de homicidios  ocurridos en el marco del conflicto en un tercio de siglo, encontrando en primer lugar nuevamente a Tumaco. Aparecen en los primeros cinco lugares las capitales Pasto e Ipiales, como referentes urbanos del conflicto asociado a temas de inseguridad ciudadana. Nuevamente se destaca las cifras de Barbacoas y Samaniego con 1767 y 1637 homicidios respectivamente, lo que configura un alto nivel de intensidad del conflicto donde el respeto por la vida humana es mínimo.

Para una mejor reflexión del número de homicidios por cada cien mil habitantes, el índice de construcción territorial de paz del programa de naciones unidas para el desarrollo PNUD, nos detalla otra composición de análisis, en donde se evidencia nuevamente el polígono del conflicto y de los corredores estratégicos de la guerra en Nariño, liderados por el municipio de Policarpa donde la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 125, seguido de Tumaco con 124, Leiva 123, Mallama 73, Barbacoas 70 y Samaniego que termina con una cifra de 55. Todas las tasas son superiores que las líneas base nacional y departamental, que están en tasas de 32 y 36 respectivamente, siendo las brechas altas y hasta catastróficas.

El alto número de víctimas y el dolor que ha dejado la guerra en Nariño, merece una visión colectiva e integral de reparación territorial y de creación de corredores estratégicos de paz y reconciliación.

 

RÍO TELEMBI: CORREDOR AZUL DE PAZ

Febrero 24 de 2015. ¿Qué tiene Barbacoas y el rio Telembí para convertirse en el epicentro de manejo geoestratégico de todos los actores armados legales e ilegales?, ¿Qué convoca a diversos grupos poblacionales y de reivindicación social a defender el territorio?

Oro, manganeso, amalgamas, biodiversidad, cultivos de uso ilícito, zona de retaguardia y ruta fluvial de la economía ilícita, es la respuesta. Así como apasionante es la belleza del río Telembí y la gran riqueza en biodiversidad derivada de sus ecosistemas, igual de apasionante es la historia de las miles de luchas, batallas y mingas libradas en este excepcional territorio.

Durante el período colonial la función principal del puerto de Tumaco fue brindar una salida marítima al distrito minero de Barbacoas. A muchas familias les era más cómodo y seguro viajar de Pasto a Túquerres, llegar a Barbacoas y al litoral Pacífico, para viajar hacia Panamá, Santa Marta, río Magdalena y Bogotá, que recorrer Pasto – Bogotá por la cordillera occidental. Sólo hasta 1930 se da apertura a lo que hoy conocemos como vía panamericana.

Barbacoas y el Telembí, fueron uno de los distritos mineros más importantes del mundo en explotación aurífera. Se crearon en el territorio los primeros palenques libertarios de comunidades negras. También se escenificaron los últimos combates del coronel Agustín Agualongo. En la época de la conquista se escenifico las primeras grandes masacres contra indígenas. De igual manera es referente histórico de las primeras resistencias contra el imperio español, signado en  la resistencia de los indios Telembíes y Sindawas, primigenios libertarios de América.

Mingas y luchas en un territorio que tiene una de las riquezas más grandes de Nariño y de Colombia: su biodiversidad y la presencia de minerales de alto valor, pero que también su posición geoestratégica sigue siendo potencial militar para los actores armados.

El signo que no ha cambiado en todos estos siglos de historia ha sido el despojo, método que se ha encarnizado contra los verdaderos dueños del territorio: los indígenas Awa y comunidades negras, legítimos hijos y descendientes de la herencia Sindawa y Telembí.

En los años setentas a noventas del siglo XX y primera década del siglo XXI, los actores ajenos al territorio se transformaron en grupos guerrilleros, grupos de autodefensa, narcotraficantes organizados, empresas mineras con actividades ilícitas y hoy las bandas criminales. Su radio de acción parte desde Samaniego y Santacruz donde nace el rio Telembí, su cauce recorre parte del municipio de Ricaurte, pasando por los cascos urbanos de Barbacoas, Roberto Payan y Magüi Payan. Hoy es un rio en donde se escenifica la intensidad del conflicto armado.

Con la posibilidad de la firma de la paz entre el gobierno y las guerrillas; el rio, sus municipios y cascos urbanos, deben convertirse en la gran ruptura de la violencia y convertirse en el corredor azul de la paz. Donde el desarrollo humano sostenible, el goce efectivo de derechos y el desarrollo económico local, sean conceptos a implementar para lograr un territorio en equilibrio integral con bienestar social y crecimiento económico.

 

SOBRE LA LEY DE SALUD MENTAL

 

Octubre 21 de 2013. Luego de participar en Tumaco en un taller con jóvenes constructores de paz, tengo que expresar que he sido marcado con una huella indeleble al conocer el transito de sus vidas. Para impedir quedar petrificado, decidí buscar un sendero cooperante en el proceso de crecimiento personal de jóvenes y niños. Parte de ésta población ha sufrido episodios críticos de su cotidianidad familiar, escolar, comunitaria o ha padecido hechos victimizantes generados por el conflicto armado. De alguna manera han sido afectados en su estado cuerpo – mente. Fue en esa búsqueda y en medio de la oscuridad de la noche tumaqueña, originada por el corte de energía eléctrica a causa de la voladura de torres eléctricas, que me encontré con la nueva ley de salud mental.

El 21 de enero de 2013 se sancionó la ley 1616, por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. En el artículo primero de los 44 que tiene la ley, manifiesta que su objeto es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, priorizando a niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del sistema general de seguridad social en salud.

Según la ley, la salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportarniento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La salud mental según la norma es un derecho fundamental. Es tema prioritario de salud pública. Es un bien de interés público. Es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida.

Palabras mayores escritas en tinta de la gaceta oficial. Palabras de la ley que retumban en un eco sin fin de la realidad Estado-Sociedad. Palabras sin acciones a un tema trascendental, que sigue invisible en la conciencia de los tomadores de decisiones y del mismo Estado. Alejadas en la formación de formadores, en los escasamente maestros o en su gran mayoría docentes. Apenas comprendida por los padres y madres de familia. Es en el gobierno, la escuela y la familia, donde se construyen los ambientes adecuados de crianza, protección y aprendizaje, para tener una sociedad sana física y mentalmente. A pesar de la inconsciencia práctica, la ley es un valioso instrumento normativo que se debe hacer valer en beneficio de la infancia y la juventud colombiana.

Es un avance su existencia. Ahora la otra mitad de la gestión es hacerla cumplir. Exigirla desde el enfoque de derechos y poblacional. La ley de salud mental debe ser estandarte en bien de la juventud y la niñez.

 

EL PODER DE UN CONPES

Septiembre 2 de 2013. Termina otra larga jornada social de protesta en Colombia. Bloqueos a las vías principales, nutridas marchas en ciudades, enfrentamientos entre manifestantes y escuadrones de policía, heridos y judicializados. Desabastecimiento. Grandes pérdidas económicas. ¿Quién ganó? Ganaron los manifestantes que lograron un acuerdo. Perdió políticamente el Gobierno que se vio obligado a negociar en  la vía. Perdieron los manifestantes porque salieron divididos y aprobando la firma de un documento Conpes. Ganó el gobierno porque de manera sagaz todo lo redujo a un documento.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- fue creado por la Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad nacional de planeación. Funciona como organismo asesor del Gobierno. Coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección socioeconómica nacional, mediante el estudio y aprobación de documentos. El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva. Funcionarios, tecnócratas, gobernantes y líderes del país, siempre aspiran a tener un documento Conpes. Hace varios años ha hecho carrera patinar un documento regional para atraer inversiones del sector central.

Para el caso del paro agrario nacional, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los manifestantes contemplan la expedición de un documento CONPES, llamado para el caso del sur “Nariño Agropecuario”,  además de la creación de una mesa de pueblos indígenas, la instalación de la mesa agraria nacional, que tratarán entre otros temas: tierras, desarrollo agropecuario, infraestructura vial, educación, salud propia, mujer y familia, justicia propia y derechos humanos y actividades comerciales binacionales.

En el año 2004 se aprobó el documento Conpes 3303, denominado “Estrategias para apoyar el desarrollo integral del departamento de Nariño”, asignando 2.3 billones de pesos para inversión. Su justificación expresaba que Nariño atraviesa por un deterioro económico y social, violencia e inseguridad, dificultades de orden económico, social, desplazamiento y alteración del orden público. Situación que es igual a la presentada en 2013. Los proyectos de inversión en infraestructura casi son los mismos del Contrato Plan de 2013. En materia agropecuaria se comprometía con apoyo al crédito productivo, promoción de la producción artesanal, impulso al turismo, promoción a las exportaciones, manejo social del campo, establecimiento de agro negocios, apoyo a la investigación aplicada, zona de desarrollo empresarial en el municipio de Tumaco, programa de desarrollo alternativo. Luego de nueve años la situación de deterioro social y económico es similar.

El gobierno la ganó fácil en los acuerdos del paro, porque lo amparó el señor Conpes. Los manifestantes nuevamente han demostrado radicalidad en sus peticiones, pero debilidad organizacional y estructural en los pactos logrados, se han vuelto a sus casas llevando debajo del brazo un tal Conpes. El presidente ha reiterado que los acuerdos firmados no quedaran solo en el papel. Pero la historia dice lo contrario. Existen varios documentos Conpes de papel: el 3108 de 2001 programa de energización de zonas no interconectadas, el 3501 de 2007 proceso de gestión del riesgo del volcán Galeras y muchos más. Algún día convendría intentarse soluciones estructurales a problemas estructurales.

 

REINGENIERÍA EN EL SUR: ECONOMÍA Y PAZ

Enero 29 de 2013. El desarrollo no solo significa el crecimiento económico, también lo es el bienestar social e integral de las personas, el equilibrio ambiental con el territorio, la transformación de conflictos o tensiones y por supuesto la autoestima colectiva. La economía de un territorio depende no solo de los niveles de desarrollo propio o potenciales locales que se hayan acumulado para impulsar todos los vectores posibles y así lograr mejores niveles de calidad de vida o desarrollo humano, la economía también depende de la energía que le imprima el Estado.

Para el caso de Nariño, históricamente por su falta de acumulación de capital, sus niveles de desarrollo son bajos, comparados con otras regiones de Colombia a los que históricamente el Estado ha premiado por su cercanía al centro. La falta de una infraestructura adecuada ha dejado al sur sin la conexión competitiva necesaria para potenciar su producción. Sin embargo es el talento humano, el único capaz de sacar adelante las iniciativas necesarias para que el territorio y sus gentes avizoren niveles de desarrollo integral, en paz, en una economía integrada al país y al mundo.

Por ello la inyección al circuito económico de un billón y medio de pesos en Nariño, especialmente a los territorios de la costa y de la frontera sur deben servir para avanzar en un concepto de desarrollo que lo mueva de la postración en la que está. Hay que apostarle a una reingeniería en el sur, en especial porque también existe la gran esperanza de que se firme la paz. Es el momento de que la clase dirigente social, política, gremial, no gubernamental de Nariño piensen que es el momento histórico de hacer la gran reforma de la región.

La reingeniería se ha usado para reducir costos, aumentar la productividad e incrementar la acumulación de capital, el concepto en la reducción de costos territoriales debe ser en varios sentidos. En infraestructura, ahora que en el primer comité de regalías -OCAD- del 2013 se han aprobado recursos para diseños de vías: reducir curvas y ampliar calzadas, así se tenga que reconstruirlas, las mismas deben ser competitivas e integradas al circuito económico nacional – mundial, proyectadas no a cuatro años, sino a más de cincuenta años, pensando en el posconflicto y en los modelos de desarrollo rural alternativo que dejará como saldo el programa “si se puede”. La circunvalar al Galeras, Túquerres-Samaniego, Ipiales-Guachucal-Espino y Cumbal, deben ser ejemplo de que no se planifica desarrollo cortoplacista, sino que se piensa en el verdadero desarrollo estructural de la región.

La producción de balso y caucho en la costa, con más de 600 hectáreas, el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el Consejo Comunitario Las Varas de Tumaco y la sede  de la Universidad en Tumaco, deben servir al desarrollo endógeno y al posconflicto, de tal manera que no haya oportunidad de retorno a la violencia, sino que el camino escogido reduzca el gran costo territorial: el conflicto.

 

LA RUTA DEL ORO DEL SUROCCIDENTE

Enero 15 de 2013. Comienza el 2013 con mucha energía y recursos, como el contrato-plan de Nariño, o por los buenos pronósticos de la explotación de recursos minerales en el suroccidente, o en los municipios por la ejecución de los recursos de regalías, todo en sincronía y tal vez sin saberlo, haciendo eco del calendario chino que el presente es el año de la serpiente, significada por lo metálico, la riqueza y el dinero. Haciendo cábalas muchos nos preguntamos ¿riqueza para quién? La respuesta es ambigua cuando nos referimos al destino final de los recursos de explotación minera.

En el caso de la inversión de los recursos de las regalías en los municipios y el contrato-plan en el departamento, los beneficiarios finales, además de las comunidades, debe ser el entrelazado de relaciones socioeconómicas que se teje en el territorio, advirtiendo que dichos recursos se convierten en el gran combustible que puede mover la paz local y el desarrollo endógeno.

Cuando se habla de grandes cantidades de metal, se viene a la mente imágenes de desarrollo, de crecimiento económico y bienestar; sin embargo también aparecen las imágenes negativas de que los recursos se pueden desviar en su ejecución. Para evitar esta corriente anormal, se deberá optar por la rendición de cuentas y en lo social el trabajo de veedurías, que deberán lograr la óptima ejecución de los recursos públicos. Sin embargo la gran preocupación en el suroccidente corresponde al destino final de los recursos de la explotación minera.

En un estudio sobre “turismo aurífero”, realizado por Freddy Pantoja y Aida Delgado en el año 2010, dan cuenta de la existencia de la ruta del oro del suroccidente de Colombia, que es uno de los trece proyectos que se ejecutan desde el año 2007 dentro del marco del proyecto internacional Rutas de Minerales de Iberoamérica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, México, Honduras, España y Portugal, siendo en lo local el eje principal la región aurífera de La Llanada – El Tambo, con proyección hacia los municipios de  Mallama, Santacruz-Guachaves, Samaniego, Los Andes y Cumbitara.

Sin embargo los territorios de la ruta del oro sospechosamente están concesionados en contratos de exploración y explotación. Ya en Nariño se han presentado varios enfrentamientos entre algunas comunidades y los concesionarios como son los casos del municipio de San Lorenzo y las comunidades Awa ubicadas en el Resguardo Hojal la Turbia, comunidad de Peña Caraño, municipio de Tumaco.

Según el Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo: “Terminamos el 2012 con una inversión extranjera que llegará a cerca de US $12.500 millones en el sector. Además, este año la actividad minero-energética va a aportar más de $30 billones a las arcas públicas entre impuestos, dividendos y regalías. Esto es más de una cuarta parte de los recursos totales del sector público no financiero”.

¿Quiénes serán los beneficiarios finales de los recursos extraídos en la ruta del oro del suroccidente?

 

¿QUE HACER?

Febrero 6 de 2012. A menudo converso con indígenas, afrodescendientes y mestizos, moradores de zonas Nariñenses en conflicto. Su propio diagnóstico de la realidad cotidiana en que viven, es que son herederos de la pobreza, la guerra y la exclusión, herencia con deuda histórica donde la injusticia social es el pan de cada día. Viven además en comarcas donde tiene que pasar algo doloroso para que el país y el departamento regresen su mirada. Hasta miran con complejo de culpa y compasión por ser periferia.

Tumaco, Santacruz Guachavez, Cumbitara, El Palmar, Samaniego, El Charco, son algunos paradigmas donde las desventuras generadas por el conflicto armado, han generado diversas reacciones. De parte del Estado, ante la compleja perturbación del orden público, le sigue la implementación de una estrategia de consolidar la seguridad democrática, que al decir de Álvaro Uribe ha perdido considerablemente espacio en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Por otra parte la reacción de las comunidades y organizaciones sociales, es seguirle apostando a la vida, a la solución política y negociada al conflicto por un lado; por otro se denuncia abiertamente la violación de los derechos humanos, ya sean de victimarios de izquierda o victimarios de derecha, aunque la diferencia que los separa es mínima. La premisa maquiavélica de que el fin justifica los medios, hoy está muy agotada, raya en la crueldad y es denunciada desde todas las posiciones políticas e ideológicas.

Ninguna organización que reivindique procesos de cambio social, podrá alejarse de la aplicación estricta de los derechos humanos y el sometimiento al derecho internacional humanitario. Artefactos explosivos en lo urbano, en medio de las calles, donde se mutila a población civil no es un método de lucha entre contrarios antagónicos. El avance tecnológico en la guerra hace que el desequilibrio de fuerzas sea más evidente a favor de las fuerzas regulares: fuerza aérea, rastreo satelital, grupos mecanizados, mayor poder de fuego, mayor número de efectivos especializados. La correlación de fuerzas entre regulares e irregulares es desigual en lo militar, el balance negativo es una brecha difícil de cotejar. El acto de equiparar fuerzas, debe ser político y solamente político.

Sin embargo de entender estas premisas, hay un necio diseño estratégico de las partes. El círculo nocivo se expresa así: Solo se negocia con irregulares en la medida que haya cese de hostilidades, no hay cese de hostilidades en la medida de que se reconozca la fuerza beligerante irregular. Como no hay muestras de paz, se debe proceder a consolidar el monopolio de las armas en el territorio y a neutralizar con mucha fuerza a los ilegales. Como no hay reconocimiento de estado de beligerancia se procede a ejecutar campañas militares (indiscriminadas) para forzar el dialogo.

Es un lenguaje incomprensible, de falta de voluntades. Mientras tanto pasa el tiempo, pasan los años y todos perdemos. Es el momento que quienes sufrimos la guerra, demandemos a las partes a que pacten la paz. Es el momento de reafirmar la lucha por la paz, la democracia y el bienestar.

TUMACO: TIERRA DE ENTIERROS

Junio 12 de 2009. “Al comienzo de los tiempos, tres vigorosos pargos rojos salieron desde un lugar muy lejano a recorrer los mares del mundo, fueron enviados por Yemayá, madre de la vida y de las aguas”. Cuentan que en las playas de la “tierra de entierros” se encontró la perla más grande nunca antes vista, a ella le llamaron “perla del pacifico”.

También se dice que los indios Tumapaes seguían al cacique Tamatinga gobernador de la región Tumapai que significa “tierra de hombre bueno”, hallaron numerosas vasijas de barro en la playa, creyeron que se trataba de obsequios divinos, por ello el cacique le cambio el nombre de Tumapai por el de Tumaco.

El origen de esta cultura de aproximadamente 2.500 años de historia, según las investigaciones antropológicas, está en la zona mesoamericana (cultura Olmeca México), por las semejanzas en rasgos como la representación de escenas sexuales, las máscaras y las figuras duales de hombre y animal, especialmente la representación del jaguar, serpientes y saurios (reptiles).

El primer invasor europeo en navegar en aguas de la Costa Pacifica fue Francisco Pizarro en 1522, quien luego de invadir la “tierra de entierros” y en la fiebre española del oro, coparon los ríos aguas arriba en busca del preciado metal, para lo que trajeron negros esclavos, siendo Juan Vicente de la Cruz el palenquero que le volvió a dar dignidad a la cultura libertaria.

En el presente, también grandes barcos con tripulaciones multilenguas, apoyados por cantantes como Juanes, la banda del barco y el embajador de USA, iniciaron una “campaña humanitaria” en el San Andrés de Tumaco de 2009. El capitán Lineberry jefe de la misión del barco hospital ‘USNS Comfort’, afirma que Colombia “es amiga de Estados Unidos y estas operaciones contribuyen a la estabilidad y seguridad de la región”.

El embajador Brownfield anunció a la prensa “que USA enfocará los esfuerzos de la cooperación con Colombia en Tumaco en los próximos años, pues la región concentra muchas amenazas como el conflicto armado, el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la pobreza”. USA ha entregado más de 5.500 millones de dólares en ayuda militar desde 2000 en el marco del Plan Colombia.

El mismo Plan que reprocha el presidente ecuatoriano Rafael Correa, al decir que las operaciones militares en Manta, además de violar la soberanía nacional, violan el principio de mantener los recursos estratégicos en manos nacionales, como lo es el agua, las materias primas básicas y los recursos minerales.

No es coincidencia que el teatro de guerra en Nariño, Tumaco, los ríos Patía y Telembí, sea el más preocupante de la conflagración actual que vive Colombia. No es coincidencia que la cadena productiva o cluster de la coca en el litoral Pacifico sea la que concite nuevas invasiones desde buques y aviones, como las generadas, entre otras, por el cluster de la palma: “en el municipio de Tumaco en 1994 el 91.3% de los predios eran minifundios. En la actualidad se han reducido a 21.7%” (CORPONARIÑO 2007).

Es hora de invocar a Yemayá, para que los jaguares, serpientes y saurios sigan viviendo en la “tierra de entierros”.

 

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